Daniel Revenga

El pasado 16 de marzo de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la Sentencia del asunto C-565/21, que tenía por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en relación a la comisión de apertura en los préstamos bancarios, basándose en que la dictada en el asunto C-224/19 y C-259/19 adolecía del hecho de que no había sido correctamente presentada la jurisprudencia del Tribunal Supremo por el órgano consultante.  Por parte de un sector de la prensa (no especializada) se ha interpretado esta Sentencia como un revés a la doctrina del Tribunal Supremo en la materia por cuanto ésta venía interpretando que la comisión de apertura formaba parte del contenido esencial del contrato y, por lo tanto, no podía ser objeto de un juicio de abusividad por lo dispuesto en el art. 4.2 de la Directiva 93/13. No obstante, entiendo que es una conclusión inexacta. Sí que es cierto que el TJUE considera esa jurisprudencia como contraria al citado art.

Suele suceder en la práctica que, estando en marcha un procedimiento judicial, normalmente un procedimiento de ejecución, el acreedor, habitualmente una Entidad de crédito, transmita su crédito a un tercero que se subroga en la posición de aquella. En esta situación, podría resultar aplicable, en favor del deudor, lo previsto en el art. 1.535 del Código Civil , que, en resumen, le concede el derecho a extinguir el crédito pagando el precio de la cesión y los gastos . Dice textualmente el precepto: Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago. Ahora bien, el citado artículo, que parece en pr

Siguiendo la Sentencia dictada por la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 25 de julio de 2019, ECLI ES:APV:2019:3471, ponente de la cual fue la Magistrada Doña Beatriz Ballesteros Palazón, vamos a analizar la doctrina de este Tribunal sobre las reclamaciones por abusividad de las cláusulas de imposición de gastos hipotecarios: 1.- Sobre si es posible la reclamación en casos de novación y ampliación de préstamo hipotecario. La Audiencia da la siguiente respuesta, reproduciendo una Sentencia de fecha 19 de junio de 2019 (rollo 2326/2018) de la misma Sala : El contrato público otorgado -como ya se ha enunciado supra es de compraventa con subrogación y modificación del préstamo hipotecario y con apoderamiento, donde la entidad prestamista no se limita a dar la autorización del cambio subjetivo del prestatario, sino que modifica las condiciones contractuales del préstamo para adecuarlas a al condición de consumidor del prestatario dado ser una persona física (p

En la Sentencia que hoy comentamos, dictada por el pleno del Tribunal Supremo el pasado día 17 de septiembre de 2019, en un Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción procesal, el Alto Tribunal ha dado la razón a una Comunidad de Propietarios que consideraba abusiva la duración de un contrato de mantenimiento del ascensor por plazo de cinco años prorrogables tácitamente, y en la que se preveía una penalización en caso de no renovación, y que habiendo sido demandada por la empresa ascensorista por incumplimiento del contrato, el Juzgado de Primera Instancia desestimó dicha demanda, pero la Audiencia Provincial, estimó el recurso de apelación formulado por la empresa, y con ello la demanda, Sentencia, esta última, contra la cual recurrió la Comunidad ante el Supremo.  En la Sentencia del Tribunal Supremo, que tiene referencia ECLI ES:TS:2019:2795, se descarta en primer lugar que el contrato objeto de ese procedimiento fuera negociado con la Comunidad demandada, pero establece q

Lo que se ha dado en llamar la Ley de la segunda oportunidad en España viene a identificarse con la paralización de ejecuciones y con lo que el art. 178 bis de la Ley Concursal (LC) denomina, el "beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho" (BEPI), esto es, la liberación las deudas que hubieran quedado pendientes tras un concurso de acreedores de una persona física; lo que se conoce en otras latitudes como un "fresh start". La Valenciana es una autonomía en la que cada vez más personas se están acogiendo a este mecanismo. Según datos del INE, en el primer semestre de 2019 se declararon un total de 122 concursos de persona física , lo que supone estar en segunda posición tras Catalunya , que acapara el 43,1% de los concursos declarados en el mismo periodo, elevándose a un total de 437, esto es, casi 73 concursos mensuales. A continuación explicaremos, de forma esquemática , el procedimiento a seguir de cara a lograr el citado beneficio, centrándonos en la p

Es cas de ruptura de la relació matrimonial (i també extramatrimonial) la Llei regula l'establiment de les mesures que pertoquen en relació als fills, l'ús del domicili familiar, repartiment de càrregues de la família, i, si escau, la liquidació del règim econòmic de la parella, que es decidiran per un Jutge, o podran pactar els propis interessats mitjançant un acord que es podrà formalitzar inclús sense intervenció judicial davant un Notari quan no existisquen fills menors o no emancipats o amb la capacitat modificada i que depenguen dels seus progenitors.  Estes mesures són en essència modificables, bé per acord dels interessats, bé per decisió judicial, quan s'alteren substancialment les circumstàncies que es van considerar per decidir-les, sempre que, com té ben assentat el Tribunal Suprem, l'alteració siga substancial, es tracte d'un canvi estable i no merament ocasional o conjuntural, o esporàdic, que no siga buscat de propòsit per qui interessa la modifica

En cas de ruptura d'una relació es pot plantejar esta qüestió, que deuria ser resolta al conveni regulador o a la Sentència que fixe les mesures paternofilials de la separació o el divorci. Ara bé, pot donar-se el cas que les parts o el Tribunal no hagen fet cap previsió al respecte. En eixe cas, resulten d'aplicació les normes generals i la doctrina jurisprudencial que, en general, tenen reiterat que es tracta d'una despesa ordinària i, en conseqüència, el seu import quedaria inclòs en la pensió d'aliments, si la mateixa s'ha establert. En cas de custòdia compartida, si es pacta que ambdós progenitors es faran càrrec de les despeses ordinàries en el període que els corresponga conviure amb els xiquets, serà cadascun d'ells qui deurà assumir esta despesa en el citat període si considera convenient portar els fills al menjador escolar.  La nostra Audiència Provincial de València, concretament la secció desena, especialitzada en família, ha resolt esta qüestió en

Ha sido esta una cuestión discutida. La Sentencia del Tribunal Supremo que traemos hoy al blog estima un Recurso de Casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y da la razón a la esposa que defendía que dichos gastos corresponden a la sociedad de gananciales y que, habiéndolos abonado ella en exclusiva (tenía atribuído el uso y disfrute de la vivienda en cuestión), gozaba de un crédito contra la sociedad de gananciales. La Audiencia entendió, no obstante, que dichos gastos eran inherentes al uso de la vivienda y, en consecuencia, le correspondía a ella y no a la sociedad su pago. Dijo textualmente la Audiencia que: es jurisprudencia pacífica y unánime en las audiencias provinciales que los gastos de la Comunidad de Propietarios aunque sean responsabilidad de ambos cónyuges, por ser la casa ganancial, al estar atribuido su uso a los menores y a la madre en sentencia, las cuotas ordinarias cubren servicios que únicamente benefician a los menores y a la

La Llei d'Enjudiciament Civil (coneguda per les seues sigles LEC) contempla a l'art. 256 el que s'anomenen "diligències preliminars" i que són actuacions judicials que, a instància de part, venen a preparar un futur plet. Es relacionen a la norma una sèrie de diligències que suposen un "numerus clausus" (vol dir que no es poden acordar diligències distintes a les que la Llei preveu) i que, per posar un cas, serveixen per tal que el futur demandat o demandada exhibisca bens o documentació que puguen fonamentar una demanda posterior (per exemple el contracte d'assegurança en un cas de responsabilitat civil). El dubte sorgeix quan la Llei atorga un termini prescriptiu relativament breu per interposar una acció, respecte de si la tramitació d'este procediment de diligències preliminars interromp o no el termini de prescripció, ja que, en cas negatiu, i tenint em compte el temps de resposta mitjà dels Jutjats, l'acció podria veure's molt per

Existen ocasiones en que ciertas empresas se ven obligadas a cerrar sus instalaciones y dejan a los consumidores sin haber terminado de realizar la prestación contratada, lo que puede tener lamentables consecuencias si, como en el caso de Idental, según ha denunciado el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (Icoev), se produce el abandono de tratamientos, pudiendo afectar a los cerca de 20.000 pacientes de las clínicas de dicha empresa abiertas en la provincia de Valencia, resultando que en muchos casos los consumidores habían suscrito créditos con Entidades financieras para costear esos tratamientos.  Sobre esta última cuestión diremos que los créditos ofrecidos a los consumidores tienen su regulación en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC en adelante), que entró en vigor el día 25/09/2011, derogando la anterior Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, y llevando a cabo la trasposición a Derecho interno de la Directiva 2008

De vegades es té una percepció generalitzada, especialment arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 9/5/2013, de que en matèria de clàusula sòl el consumidor sempre té les de guanyar. I això, que pot ser cert en una majoria de casos, no és sempre així. Per exemple, a la Sentència del Tribunal Suprem del 9/3/2017 (ECLI ES:TS:2017:788) es va obrir la porta a excloure l'aplicació de les normes de protecció del consumidor en els casos en que es demostrés una certa negociació entre l'Entitat i el client i va acabar validant la clàusula sòl.  En este cas el Jutjat de Primera Instància 1 de Teruel va desestimar la demanda argumentant que la clàusula havia estat redactada en la mateixa font de lletra que la resta de les clàusules i els percentatges es destacaven en negreta. Per altra banda, va valorar la prova practicada i va declarar que els prestataris van negociar la clàusula sòl i que fins i tot se'ls van lliurar uns quadres simulats d'amortització on es reflectia nec

De Joanbanjo - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19519808 Los lectores de este blog habrán podido comprobar que desde hace un tiempo se viene hablando de la nulidad de la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios , la cual venía definida en la derogada Orden de 5/5/1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (sustituida, con efectos desde el 29/4/2012, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios) de la siguiente manera: Cualesquiera gastos de estudio del préstamo, de concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo, deberán obligatoriamente integrarse en una única comisión, que se denominará <comisión de apertura> y se devengará por una sola vez. Su importe, así como su forma y fecha de liquidación, se esp