Daniel Revenga

Los familiares de españoles (o de nacionales de otros Estados de la Unión Europea) que ostenten la nacionalidad de un tercer país pueden residir en España por un período superior a tres meses, debiendo solicitar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. No obstante puede ocurrir que el titular de dicha tarjeta deje de tener la consideración de familiar al declararse el divorcio o la nulidad matrimonial.  En estos casos, el ciudadano de fuera de la Unión deberá comunicar esta circunstancia a las autoridades españolas y, como norma general y, con la regulación vigente a día de hoy, perderá el derecho de residencia , salvo que concurra alguno de los siguientes supuestos : a) Duración de al menos tres años del matrimonio , hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio o divorcio, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno de los años ha transcurrido en España. b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia de

De Joanbanjo - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19519808 Los lectores de este blog habrán podido comprobar que desde hace un tiempo se viene hablando de la nulidad de la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios , la cual venía definida en la derogada Orden de 5/5/1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (sustituida, con efectos desde el 29/4/2012, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios) de la siguiente manera: Cualesquiera gastos de estudio del préstamo, de concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo, deberán obligatoriamente integrarse en una única comisión, que se denominará <comisión de apertura> y se devengará por una sola vez. Su importe, así como su forma y fecha de liquidación, se esp

En el día de ayer el Consejo General del Poder Judicial hizo pública una nota de prensa del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en relación a las reclamaciones de devolución de las cantidades pagadas en concepto de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por los consumidores en las operaciones de constitución de préstamos hipotecarios que tenía el siguiente tenor literal: El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación. El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribuc

¿Qué entiende un ciudadano lego en Derecho cuando se le propone prestar “aval” o “fianza” en un préstamo? Para responder a esta pregunta podemos ayudarnos del diccionario de la Real Academia Española, que nos da las siguientes definiciones:  Aval:   1. m. Garantía que alguien presta sobre la conducta o cualidades de otra persona. 2. m. Obligación que alguien adquiere de hacer aquello a lo que otra persona se ha comprometido, en caso de incumplimiento . Fianza: 1. f. Cantidad de dinero o bien material que se entrega como garantía del cumplimiento de una obligación. 2. f. Der. aval (‖ obligación). 3. f. Persona que abona a otra para la seguridad de una obligación. 4. f. desus. Cantidad de dinero asignada como renta u otro concepto. Como puede verse, la definición de fianza, en caso de obligaciones, se remite a la del aval, que se refiere a responder por otra persona cuando ésta ha incumplido una obligación . Quien avala, en el común de los casos, entenderá que solo cuan

La intenció d'esta entrada, que s'anirà actualitzant periòdicament, és recopilar en un sol lloc les referències a les principals Sentències que es vagen fent públiques sobre el particular (el qual com és sabut, resulta hui força polèmic), aportant, cas que hi haja, enllaç a la pròpia resolució, a la nota de premsa del CGPJ o a la notícia en qüestió.   SJPI 5 JAÉN ¿28/3/2017? La sentència de Primera Instància 5 considera que les despeses de notaria i impost d'actes jurídics documentats corresponen al banc, que és qui «té interès en la inscripció i documentació pública del préstec (...) perquè així pot instal·lar en el seu cas a la execució de títol no judicial (...) Un préstec no necessita com a requisit de validesa entre les parts l'elevació a escriptura pública i la inscripció, i estes operacions són una garantia per al que presta els diners i la garantia real hipotecària. D'esta manera, a l'imposar al consumidor estes despeses de manera exclusiva sense un m

Especially since the start of the financial crisis, spanish Banks have been introducing abusive clauses in loan contracts, specifically in mortatge loans, that have violated consumer rights as the Courts have repeatedly stated in this Country. There are more, but basically, the following clauses are the most frequently classified as abusive : 1.- Early termination clause ("vencimiento anticipado"): allows, in a long-term loan, and after a slight breach of the consumer, that the Bank demand the totality of the money borrowed with loss of the postponement. 2.- Delay interest clause ("interés de demora"): establishes a higher interest rate than the ordinary rate for the case in which the consumer fails to pay the installments at the time. Interest rates of 25% and even higher have been established. 3.- Ground clause ("cláusula suelo"): this clause guarantees a minimum interest rate limit on variable interest loans so that, even if the ordinary inter

Al voltant de la pregunta que obre esta entrada es va pronunciar el Tribunal Suprem en una Sentència del passat 15/07/16 on va fer recull de la doctrina jurisprudencial al respecte manifestant que: 1r) La utilització en el procés penal de gravacions de converses privades gravades per un dels interlocutors, no vulnera en cap cas el dret constitucional al secret de les comunicacions. 2n) Tampoc vulnera el dret constitucional a la intimitat, llevat de casos excepcionals en què el contingut de la conversa afecte al nucli íntim de la intimitat personal o familiar d'un dels interlocutors. 3r) Vulneren el dret fonamental a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable, i en conseqüència incorren en nul·litat probatòria, quan s'han realitzat des d'una posició de superioritat institucional (agents de l'autoritat o superiors jeràrquics) per obtindre una confessió extraprocessal arrencada mitjançant engany, llevat dels supòsits d'enregistraments autoritzats pe